Historia de la Energiewende

El Tribunal de la UE señala que las tarifas de alimentación no son “ayuda pública”

En 2001, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que las tarifas de alimentación no constituían “ayuda pública” y que por tanto no eran subsidios ilegales, permitiendo así el auge de las energías renovables.

La ley llevó rápidamente al auge de la energía eólica en particular, de manera que el sector energético convencional decidió objetar jurídicamente la política. El Comisionado para la Competencia de la UE, Karel van Miert, declaró abiertamente que consideraba como subsidios ilícitos las tarifas de alimentación y por esa época el proveedor de energía alemán Preussenelektra (que se fusionó con Bayernwerk en 2000 para crear E.On Energie) decidió objetar en tribunales las tarifas de alimentación. El asunto fue a dar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo fallo en 2001 estableció que las tarifas de alimentación no constituyen “ayuda pública” y por tanto no son ilícitas. A pesar de este fallo concernía a la primera tarifa de inyección de 1991 y no a la EEG de 2000, se asumió ampliamente que el fallo de la corte era aplicable a ambas, lo cual fue una de las razones por las que la EEG no encontró ningún obstáculo hasta que Bruselas empezó a preocuparse sobre las excepciones a la industria con respecto al sobrecargo de la energía renovable en 2012.

Como explicó el Tribunal en 2001, los estados miembro de la UE pueden exigir a las empresas de energía privadas comprar energía renovable “a precios mínimos más altos que el valor económico real de ese tipo de electricidad y, segundo, distribuir el peso financiero que resulte de dicha obligación” con los consumidores ya que la energía renovable es “útil para proteger el medioambiente” y para reducir “las emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran entre las primeras causas del cambio climático que la Comunidad Europea y sus Estados Miembro se han comprometido a combatir.”

En términos latos, básicamente el tribunal falló que las tarifas de alimentación están de hecho abiertas para todo mundo, incluyendo las grandes corporaciones de energía, de manera que no son discriminatorias de ningún actor en el mercado y que por tanto no distorsionan la competencia. Por el contrario, promueven un tipo particular de energía en detrimento de otro tipo de energías con el objetivo de alcanzar metas para el bien común, que reciben respaldo en toda Europa. Específicamente, no son subsidios porque no hay una empresa en particular que reciba pagos del gobierno y los costos de las tarifas de alimentación son trasladados a los consumidores, no a los contribuyentes; tampoco es un rubro en el presupuesto público.