Perspectivas europeas

Transición Energética en España: ¿qué camino hay que seguir?

La transición energética en España ha experimentado una caída en los últimos años, a partir de la supresión de los incentivos económicos para la construcción de nueva generación de energía renovable en febrero de 2013. Ya en 2008, se hizo evidente un importante déficit de tarifa, que se estimó en 25.500 millones de euros en 2012. Este déficit surgió fundamentalmente debido al hecho de que los precios de la electricidad regulados no cubrieron por completo los costes de generación de electricidad. Esto subrayó la necesidad de una importante reforma del sistema de apoyo de las energías renovables si la transición energética prevista continuara.

por Alexa Mollicchi, estudiante de la Universidad de Maastricht e Ignacio Fresco Vanzini, Florent Marcellesi, Ecopolítica

La primera Directiva de Energías Renovables Europea de 2001 fue un trampolín para la influencia de España y su promoción de una transición de energía limpia en Europa. Esta influencia se debió principalmente al hecho de que España ya tenía un objetivo en su legislación nacional de un 12 por ciento de cuota global de energías renovables en su mix energético para el año 2010. De hecho, una vez que la Directiva entró en vigor, España tenía poco que legislar. Esto contribuyó a crear un ambiente de confianza en el mercado español con respecto a la ruta que estaba tomando. Por otra parte, España fue el primer país en adoptar medidas de apoyo orientadas a la producción de energías renovables, a saber, las tarifas y primas de alimentación. En términos generales, hasta 2007, el sector de las energías renovables en España estaba haciendo muy bien las cosas, aumentando en 8,9% entre 2005 y 2006. Sin embargo, también fue en estos años cuando el problema del déficit tarifario comenzó a surgir, lo que llevó a la adopción de políticas que hicieron imposible a España convertirse en un líder en este sector.

La Directiva de Energías Renovables de 2009 establece objetivos obligatorios de energías renovables y la regulación de tres sectores diferentes: electricidad, biocombustibles utilizados en el transporte y calefacción y refrigeración. El primer sector es donde España experimentó el crecimiento más significativo. De hecho, según la información dada por el gobierno español a la Comisión Europea en abril de 2016, la electricidad renovable en el periodo objetivo provisional de 2013 a 2014 tuvo una cuota del 37,8%, mientras que la cuota de la calefacción y refrigeración renovable fue del 5,8%. En el sector del transporte la cuota fue solo de 0,5%, muy por debajo del objetivo de 10%. En general el consumo de energía renovable en 2014 fue de 16,2% bien por encima del objetivo del 12,09% para el periodo provisional de 2013 a 2014.

Si esta tendencia continúa en los próximos años, debería ser relativamente fácil para España cumplir sus objetivos de 2020. Sin embargo, una serie de factores tales como la evolución de la crisis económica, la falta de una estrategia energética creíble, y el déficit de tarifa total, que llegó a la asombrosa cantidad de 25.500 millones de euros, están llevando a España a un período de estancamiento y creando bastante incertidumbre sobre la capacidad del país de alcanzar sus objetivos.

Con el fin de disminuir los costos de electricidad y el déficit tarifario el gobierno suspendió las medidas de apoyo a las plantas de energía de nueva construcción en enero de 2012. Con el tiempo, esto condujo a la abolición retroactiva del apoyo para las energías renovables en febrero de 2013, poniendo en riesgo el apoyo principal para la generación de electricidad renovable y bloqueando el acceso a financiación para nuevas plantas. La supresión de medidas de apoyo a las energías renovables se basó en la suposición de que el déficit se debía a los altos costes de inversión en energías renovables. Sin embargo, otros factores importantes que contribuyeron al déficit fueron los regímenes de ayudas para las centrales térmicas alimentadas con carbón, o la falta de adaptación de la tarifa eléctrica al aumento del coste de la energía convencional en torno al año 2000. Además, en octubre de 2015 se aprobó un nuevo decreto de autoconsumo e impuesto (conocido como el “decreto del impuesto solar”). Como consecuencia los “prosumidores” han sufrido restricciones de sus derechos de acceso a la red y a precios de mercado justos. Estas medidas hostiles demuestran la falta de coherencia con la política energética de la UE para 2020 y el compromiso hecho en París durante la COP21.

Como consecuencia importante de estas medidas del gobierno, España podría no ser capaz de cumplir con sus objetivos nacionales para 2020. Esto no sólo es decepcionante para los esfuerzos de los productores, sino también por la fuerte posición global que España tuvo en este sector. Además, estas medidas han contribuido notablemente al impulso de los precios de la energía, lo que conduce a una preocupante situación de pobreza energética (para alrededor del 10% de la población española que no puede pagar las altas facturas de electricidad). Dada la importancia del sector energético para la economía nacional, no hay duda de que una perspectiva política clara, coherente y a largo plazo es necesaria.

En un país con una tasa de dependencia energética de alrededor del 72%, reducir las medidas de apoyo no puede ser visto como una decisión apropiada. España debe decidir qué política energética quiere implementar a largo plazo. En vez de hacer esto, España está en la actualidad sólo adoptando medidas a corto plazo para mitigar las consecuencias de la crisis económica y reducir el déficit tarifario, sin proyectar ninguna meta más allá de eso.

La revisión de la Directiva de energías renovables de la UE para finales de 2016, junto con las medidas a tomar para cumplir los acuerdos de París de 2015, podría impulsar la transición de España hacia un sistema energético de bajas emisiones de carbono. España podría tomar medidas adicionales, por ejemplo, las siguientes:

Realizar auditorías públicas del déficit tarifario

Tras la apertura de un proceso de infracción por parte de la Comisión europea el gobierno (provisional) español aprobó en febrero de 2016 el primer decreto que regula las auditorías energéticas para las grandes empresas (más de 250 empleados) para evaluar su eficiencia energética. Sin embargo, el sistema energético español es una caja negra en relación con las deudas generadas y sus costes reales. Con el fin de promover una reforma adecuada y la transparencia, son necesarias dos auditorías adicionales. En primer lugar, una auditoría de déficit tarifario para analizar las decisiones políticas y las responsabilidades que llevaron a la acumulación del déficit tarifario y la cantidad exacta adeudada. En segundo lugar, una auditoría del sector eléctrico de cada coste atribuido a la tarifa eléctrica, así como la definición de las directrices que determinan el precio del kWh para las diferentes tarifas eléctricas.

Eliminar las barreras legales para el autoconsumo de la energía renovable

España debe eliminar las barreras para el autoconsumo de la energía renovable y establecer el régimen de medición neta para garantizar que los consumidores que cuentan con sistemas fotovoltaicos reciben crédito por la electricidad que inyectan sus sistemas a la red. Si bien este esquema ya existe en muchos países de Europa, el debate sigue en curso en España.

Cambiar el modelo de producción industrial

Las transiciones energéticas esencialmente significan un cambio de un alto consumo de energía y altas emisiones de CO2 hacia un modelo basado en un bajo consumo de energía y bajas emisiones de CO2, pero uno que cree muchos puestos de trabajo bien remunerados y sostenibles. Los sectores clave para este tipo de "empleos verdes" son:

  • Agricultura, impulsando la agricultura orgánica y reubicando la producción y el consumo;
  • La eficiencia energética, a través de una mejor renovación de los edificios y su aislamiento térmico, el equipamiento de instalaciones de energías renovables y la instalación de sistemas energéticos más eficientes. Estas medidas de eficiencia energética podrían ahorrar a España unos 39 mil millones de euros para 2050; y
  • Transporte sostenible, impulsando un mayor uso del transporte ferroviario de mercancías del 3,2% actual al 10% en 2020. El sector del transporte representa el 40% del consumo final de energía con emisiones de CO2 de un 30% y es por lo tanto un sector vital para ser abordado en este sentido.

Democratizar el sector de la energía

Las transiciones energéticas implican un mayor control democrático sobre el sector energético. Por tanto, es imprescindible regular la práctica de puerta giratoria. En España, los políticos de alto rango se han convertido en miembros de las empresas del sector eléctrico tradicional, como los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Este fenómeno explica el alto nivel de desconfianza hacia muchas de las políticas energéticas gubernamentales, ya que a menudo conduce a las políticas que se alinean con los intereses de las antiguas empresas eléctricas. Para poner fin a esta práctica es necesario introducir un periodo de enfriamiento para evitar conflictos de interés.

Las recomendaciones anteriores pueden contribuir a profundizar en la transición energética ecológica y socialmente necesaria, y restablecer la posición de liderazgo de España en el ámbito de las energías renovables.